Sentencia para el accidente en 2005 de una Cessna

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Se ha resuelto con una sentencia de conformidad entre la Fiscalía y los acusados, el juicio del accidente ocurrido en 2005 en Sant Quirze del Vallés, en el que una Cessna del Aeroclub Barcelona Sabadell colisionó con una “grúa ilegal”, perdiendo la vida sus cuatro ocupantes.

La vista tuvo lugar en los juzgados de Sabadell, y los abogados y el fiscal, pactaron una pena de dos años de prisión, por cuatro delitos de homicidio imprudente a Jesús Hervás de Diego, Juan Solé Farreny y Jaime Permanyer Arguelaguert. Francisco Contreras Hernández, que era concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Sant Quize cuando tuvo lugar el accidente, sólo tendrá que pagar una multa de 180€, por una falta de imprudencia con resultado de muerte, como responsable de disciplina urbanística.

Las aseguradoras de la empresa de construcción, de la promotora Mas Duran y del Ayuntamiento, indemnizarán con 230.000€ a  cada una de las familias de los fallecidos en el accidente.

Según la sentencia y  texto de la acusación del fiscal, la tarde del 24 de octubre de 2005, despegó del aeropuerto de Sabadell un avión Cessna 172 propiedad del Aeroclub. Lo hizo en dirección Sant Quirze y lo pilotaba Albert Galvany, que tenía 27 años. Le acompañaban sus amigos Antonio Martín, Ferrán Claramunt y Xavier Montmay. El avión «se hallaba en perfecto funcionamiento» aunque al llevar entorno a 150 kilos de sobrepeso, realizó un ascenso «anormalmente bajo e irregular». Un minuto después del despegue se topó «con una grúa de construcción instalada dentro del radio de 2.500 metros que conforma la servidumbre aeronáutica». Esta instalada en la calle Dolors Monserdà i Vidal. El brazo de grúa invadía la servidumbre en 17,4 metros, según detalla la acusación.

El impacto del avión contra el brazo de la grúa provocó que el motor del aparato quedase incrustado entre los hierros de la máquina y que el avión cayese en un bloque en construcción, incendiándose y causando la muerte a los ocupantes.

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La grúa fue instalada en febrero de 2005 -ocho meses antes del accidente-, sin que se hubiese pedido al Ayuntamiento la licencia de obras. A continuación, «por resolución de 11 de abril de 2005 el Ayuntamiento requirió a Mas Duran SA para que pidiera la autorización a Aviación Civil (AC), preceptiva por hallarse la grúa en zona de servidumbre aeronáutica. Dicho requerimiento no fue cumplimentado» ya que la promotora no pidió el permiso. Jesús Hervás, propietario de la grúa, sabía que invadía las servidumbres aeronáuticas, porque con anterioridad AC le había denegado dos veces el permiso para poner otra grúa en una calle próxima. Por este motivo, ni pidió la licencia al Ayuntamiento ni solicitó el permiso de AC. El mismo conocimiento tenían Jaime Permanyer y Juan Solé, que eran administradores solidarios y de hecho de la empresa constructora Mas Duran SA. Al concejal se le reprocha que no adoptase medidas para evitar el montaje de la grúa. También, que hizo dejación «de sus funciones inspectoras» y permitió «conscientemente la existencia de un riesgo para la circulación aérea, que se materializó en la colisión mortal».